Piden "garantizar el acceso legal, seguro y gratuito del aborto" en Extremadura

Unidas por Extremadura ha presentado una moción en la Asamblea para la defensa de los derechos las mujeres extremeñas. Una batería de propuestas que hablan de derecho al aborto y de educación afectivo-sexual.

Con respecto al derecho al aborto, la moción insta a “garantizar el acceso legal, seguro y gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de manera progresiva dentro de los servicios hospitalarios y ambulatorios de la red sanitaria pública del SES, hasta lograr su total integración y realización dentro de la red pública”.

En referencia a la salud sexual y reproductiva la formación insta a “incorporar la educación afectivo sexual en todas las etapas educativas desde los tres años, concretando más en los currículos los saberes básicos a desarrollar y dándole un trato prioritario como contenido transversal; Impulsar materiales específicos informativos sobre educación sexual accesibles para profesorado y alumnado en los propios centros educativos y en formato digital a través de sitios web, adaptados a las diferentes etapas educativas”.

UpE insta también a “implementar políticas y medidas integrales en salud sexual y en salud reproductiva basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos; facilitar información suficiente sobre los diferentes métodos anticonceptivos y con garantía de facilidad de acceso para toda la población y gratuidad para los colectivos con dificultades económicas; impulsar la formación adecuada para todos los y las profesionales que vayan a estar implicados en la realización de IVE en los diferentes centros sanitarios; disponer de información pública, accesible, comprensible y disponible en varios idiomas en todos los centros de salud y centros del SES sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

Por último, pretenden “desarrollar medidas para impulsar el empleo femenino, así como mejorar las condiciones laborales de los empleos más feminizados (sector servicios y sector cuidados), que suelen ser los más precarizados; elaborar un Plan de Corresponsabilidad para Extremadura; apertura del centro de crisis 24h en Mérida junto a sus dos satélites en Cáceres y Badajoz; y mejorar los puntos de atención psicológica a víctimas de violencia de género. Esto pasa por estabilizar la situación laboral de las profesionales en dichos puntos de atención para que puedan dar una atención efectiva a las víctimas de violencia de género”.

Nerea Fernández, la diputada de Unidas por Extremadura encargada de defender esta moción, ha afirmado que “nos preocupa la situación de la igualdad en Extremadura ya que es precaria y tenemos que seguir avanzando. Son asuntos que no pueden aletargarse”.

“Las mujeres tenemos una exclusión sanitaria en Extremadura: vemos vulnerados nuestros derechos sanitarios cuando no podemos interrumpir el embarazo en nuestra comunidad y se nos manda a una clínica privada en Badajoz, Salamanca o Sevilla”, ha afirmado Fernández, quien ha apostado por “que en los centros de nuestra sanidad pública tengan este derecho que viene recogido en la ley del aborto y todavía no se ha implementado este derecho que tenemos las mujeres. Las derivaciones a la sanidad privada vulneran el derecho a las mujeres”.

La diputada ha abogado por “empezar a ponerse en pie medidas en materia de empleo para paliar la brecha salarial de género que tenemos en Extremadura, que es de un 14,90%”.

Nerea Fernández ha continuado defendiendo “una educación afectiva-sexual, que llevamos defendiendo años, ya que el feminismo y los derechos reproductivos vienen por parte de la educación y deberían de ponerse en práctica desde edades muy tempranas como dicen las expertas en esta materia”.

La diputada ha señalado que “ayer salió una estadística que decía que en Extremadura han aumentado las denuncias por violencia de género un 30,7 por ciento, 20 puntos por encima de la media nacional”. Por ello, ha abogado “por reforzar los centros de atención psicológica con las víctimas de violencia de género, ya que hay muchos puntos en nuestra región que o no funcionan, están cerrados o funcionan de manera deficiente”. Al respecto, ha hecho referencia a las trabajadoras de estos centros “ya que nos cuentan que las plazas deberían convocarse de manera bianual, pero en muchas se convocan de forma anual, lo que hace que las profesionales no puedan trabajar cómodamente con las víctimas de violencia de género”.