Propietarios de Isla Valdecañas presentan recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo

Tras la última sentencia del Tribunal Supremo, publicada el 15 de febrero, los propietarios de las viviendas del complejo Isla Valdecañas están decididos a defender la pervivencia del proyecto, y han presentado hoy un incidente de nulidad ante el alto tribunal.

Alegan que el Supremo ha ido más allá del debate planteado al admitir el recurso de casación, pues no ha tenido en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en su resolución valoró la necesidad de reponer la situación de un modo compatible con la protección del medio ambiente, a la luz del estado real de la Isla en el momento en el que se aprobó el P.I.R. Isla de Valdecañas.

“Esto podría ser motivo de vulneración de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, como es el derecho a la tutela judicial efectiva y a que las resoluciones se ciñan al objeto de debate”, afirma Luis Díaz-Ambrona, uno de los representantes legales de los propietarios. “Por ello están dispuestos, si fuese necesario, a llegar al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo. Haremos uso de todos los instrumentos legales a nuestro alcance para defender los derechos de los propietarios”.

Paradójicamente y según afirma el propio Díaz-Ambrona la “ejecución de la Sentencia en los términos señalados por el Tribunal Supremo tendría una mayor incidencia en el medio ambiente que la solución propuesta por el Tribunal Superior de Justicia”, incluso se podría dar la contradicción que ejecutando la Sentencia en los términos señalados por el Tribunal Supremo, “se tengan que destruir las depuradoras, las especies autóctonas reforestadas y volver al uso desordenado y sin ningún valor medio ambiental que se encontraba el terreno antes del desarrollo urbanístico.”

Los propietarios afirman haber adquirido sus viviendas legítimamente y a precio de mercado en un momento en el que no había recaído sentencia firme alguna ni constaba anotación preventiva u otra medida cautelar que les hubiera permitido conocer del litigio. Aseguran que han actuado de buena fe en todo momento, siempre bajo el amparo de la ley y las administraciones y que las casas están debidamente inscritas y con sus correspondientes licencias, motivo por el que pagan sus hipotecas, así como los correspondientes impuestos desde hace años.

“El TSJ-Ex decidió una ejecución alternativa al derribo total, manteniendo lo ya construido y planeando otras medidas medio ambientales. Fue una decisión equilibrada, con la que todos estábamos conformes”, asevera José María Concejo, portavoz de los propietarios.

Desde el anuncio de la sentencia, numerosos medios se han hecho eco de las posibles cuantías indemnizatorias. No obstante, los propietarios afirman que su intención no es abandonar el lugar, sino apostar por Extremadura y querer evitar el daño medioambiental y económico que supondría para los habitantes la demolición del complejo.

“A lo largo de estos años, las familias de Isla Valdecañas hemos forjado un fuerte arraigo con la zona y con la comunidad local. Nosotros y nuestros hijos hemos construido vínculos profundos con esta tierra. Queremos seguir contribuyendo al empleo y la riqueza para el entorno, por supuesto con el máximo respeto al medio ambiente, como siempre hemos hecho”, comenta Concejo.

Los habitantes de la zona coinciden en apuntar cómo Isla Valdecañas ha traído prosperidad a una región necesitada de oportunidades y recursos para hacer frente a la despoblación. Contribuye al progreso local y regional, dinamiza el territorio y promueve la creación de cientos de empleos y servicios en la zona. De hecho, antes de su urbanización la isla era un vertedero invadido de eucaliptos. Hoy es una muestra de recuperación medioambiental, de integración con el paisaje y de convivencia entre las personas y la naturaleza.

Numerosos expertos y ecologistas insisten en que la demolición ordenada por el Tribunal Supremo supondría revertir el terreno a un estado peor del que ya estaba y generaría un terrible impacto para las aves, reptiles y mamíferos que han repoblado la zona.

“Derribar Valdecañas sería proclamar que en Extremadura no se puede hacer nada, aunque concilie valor económico, social y ambiental. Por eso la respuesta social contra el derribo es prácticamente unánime. El debate de fondo gira en torno al modelo económico y ambiental sostenible que necesita Extremadura y sus habitantes para poder progresar”, explica Concejo.