Una sentencia queda "en una pésima posición" a los gestores de la UEx, según USO

El sindicato USO interpuso un conflicto colectivo donde se solicitaba el reconocimiento del derecho al abono de la cantidad correspondiente con la cuota patronal de la Seguridad Social retraída al Personal Investigador Posdoctoral 'Margarita Salas' y 'María Zambrano' de la UEx, y que tiene que abonar la UEX en su condición de empleadora. El conflicto afecta a unos 50 trabajadores y trabajadoras, y la cantidad estaría cerca del 1.000.000 de euros, según informan.

Después de una primera sentencia, anulada por el Tribunal Supremo, ahora, la Sala de lo Social del TSJEX, entra a resolver el fondo de lo planteado en el procedimiento de conflicto colectivo, mediante sentencia 581/24 y estima la demanda, en el sentido de declarar el “derecho del personal afectado por el conflicto a cobrar íntegramente la cantidad establecida en la convocatoria, dejando sin efecto, por injustificada, la práctica empresarial de detraer de tales cantidades la cuota patronal de Seguridad Social”.

La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ordinario al Tribunal Supremo:"Pero siendo eso así, hay que señalar que, el Alto Tribunal, en un supuesto idéntico al que nos ocupa suscitado en la Universidad de Valladolid, se ha pronunciado recientemente, mediante sentencia de 19 de septiembre de 2024, que, desestimando el recurso de casación presentado por la representación de la Universidad de Valladolid, confirma la sentencia del TSJCyL que estimaba la demanda en los mismos términos que el Tribunal extremeño".

Así las cosas, existiendo ese pronunciamiento del Tribunal Supremo, "solo nos queda esperar que la UEx no presente recurso de casación, pues está abocado al fracaso". USO sostiene que "retrasar el abono conseguiría el incremento de la deuda en intereses (10% anual) y posible condena en costas por temeridad". Por ello, exigen a la UEx que "no malgaste el dinero público y actúe con sentido común, procediendo conforme al derecho reconocido por el TSJEX".

"Por nuestra parte, seguimos manteniendo que el personal afectado no se merece el tratamiento que, en este en este asunto, le otorgó el anterior equipo de gobierno y el actual, y ello, a pesar de la posición del Ministerio de mirar para otro lado, y el silencio cómplice de la Junta de Extremadura. Los jóvenes investigadores extremeños no deben pagar la cuota empresarial que le corresponde a la Universidad por Ley. Es una cuestión de derecho material y de justicia ¿O es que al resto de trabajadores de Extremadura se les descuenta la cuota de Seguridad Social que le corresponde al empresario?", apostillan.