UpE logra que el PSOE acceda a garantizar el aborto en los hospitales públicos de Extremadura

Unidas Por Extremadura ha logrado que el PSOE apoye una iniciativa en la Asamblea para que se garantice el acceso al aborto en los hospitales públicos. La diputada Lorena Rodríguez, encargada de defender la propuesta, ha explicado durante su intervención que en Extremadura “la interrupción voluntaria del embarazo hasta ahora solo se practica en un centro privado, la clínica Guadiana, en Badajoz”. “El resto de centros acreditados -ha dicho- están en Salamanca, Madrid y Sevilla”.

Rodríguez ha añadido que, debido a esto, “una mujer que quiera abortar en determinados puntos de nuestra región debe desplazarse hasta 2 horas de viaje para poder acceder a un servicio supuestamente gratuito, que ya empieza a tener costes, y no solo el económico, sino también el social, laboral y emocional por tener que justificar su viaje”.

La secretaria cuarta de la Mesa de la Asamblea ha añadido que la falta de información además está generando que muchas mujeres no sepan que la interrupción voluntaria del embarazo está incluida en la cartera del SES “y terminan pagándolo de su propio bolsillo”. Por eso ha solicitado que se pongan en marcha campañas informativas y además que también se explique bien “el itinerario que deben seguir las mujeres que deciden abortar porque lo publicitado en las webs es imposible de entender”.

Además, la diputada de Unidas Por Extremadura ha asegurado que “es preocupante” que la objeción de conciencia para no realizar las interrupciones del embarazo “permitan que un buen número de profesionales se nieguen a facilitar el cumplimiento de la ley”. “Es preocupante también -ha dicho- que la presión social que soportan las mujeres que deciden libre y legalmente paralizar su embarazo, que deben sufrir un juicio paralelo de quienes les atienden y, en muchas ocasiones, el acoso de colectivos y entidades”

Unidas Por Extremadura solicita además en la propuesta que ha salido adelante este miércoles que se forme a los profesionales sanitarios de los centros públicos y se incluya la información anticonceptiva, así como la formación relativa a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas desde un enfoque de género para profesionales en el ámbito sanitario. Igualmente se pide que se impulsen políticas activas de educación y prevención de embarazos no deseados, a través de campañas informativas a nivel general, y de forma específica, a través de programas educativos, dirigidos a la juventud “con el fin de eliminar la estigmatización relativa a la interrupción voluntaria del embarazo y al conocimiento informado de las distintas técnicas para dicha interrupción”.