Estas son las medidas de la Junta para reactivar la economía extremeña tras la crisis del coronavirus

La Junta de Extremadura pretende impulsar la reactivación económica y minimizar el impacto social provocado por la pandemia a través del Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la Nueva Normalidad.

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha comparecido este jueves ante el Pleno de la Asamblea de Extremadura para solicitar su convalidación.

El objetivo del Decreto-ley es evitar que la crisis sanitaria produzca un impacto estructural en nuestro tejido productivo, toda vez que facilita la actividad productiva y la generación de empleo, al tiempo que garantiza una adecuada respuesta sanitaria ante posibles imprevistos.

Durante el estado de alarma, la Administración extremeña ha aprobado doce normas con rango de decreto-ley. Este esfuerzo normativo se completa con este último texto que engloba actuaciones en diversos ámbitos y que se anticipa a los nuevos retos del actual escenario.

PROYECTOS PREMIA

En el ámbito económico, se incluyen dos medidas. De un lado, se regulan los Proyectos Empresariales de Interés Autonómico (PREMIA), dirigidos a iniciativas con un significativo impacto en el empleo y en el tejido productivo extremeño. Unos proyectos que, según ha explicado la vicepresidenta, deben contar con una inversión de diez millones de euros, garantizar la creación de empleo y cumplir con compromisos de responsabilidad social corporativa.

De otro lado, y con el objetivo de evitar las aglomeraciones por las vigentes restricciones de aforo, durante tres meses, se otorga a los establecimientos comerciales la posibilidad de ampliar su horario y ofrecer sus servicios en días no hábiles.

PRODUCCIÓN E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Blanco-Morales ha resaltado que la producción agraria y la industria agroalimentaria son clave para la reactivación económica. Por ello, el decreto-ley refuerza las estructuras que sustentan el funcionamiento de la cadena alimentaria, a través del incremento de la autonomía de los consejos reguladores de las Denominaciones de Origen y de las Indicaciones Geográficas de Calidad Alimentaria para una ágil adaptación a los exigentes requerimientos del mercado.

Asimismo, se permite el cambio de uso de terrenos forestales, que tendrá la consideración de interés general, para compatibilizar la lucha contra los incendios con la actividad agrícola, al mismo tiempo que se lucha contra la despoblación y se protege al medio ambiente.

Se agiliza la tramitación administrativa de las atracciones feriales, con la eliminación de una última inspección que retrasa su puesta en marcha y que no supone renuncia a las garantías que deben acompañar a este tipo de actividad.

Ante la recuperación de la movilidad, se podrá autorizar la prestación de servicios regulares de uso general de viajeros por carretera, sometidos a servicio público, en régimen de transporte a demanda. Y, en el ámbito del transporte complementario al sanitario, se permite la utilización de un turismo para el traslado de pacientes no necesitados de asistencia sanitaria.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

La titular de Administración Pública ha destacado que la actual crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de que la Administración regional cuente con un modelo de gestión de servicios por medios electrónicos. Ante esta demanda, y en el marco del nuevo modelo de Atención Omnicanal al Ciudadano, se definen las tipologías de las oficinas de asistencia a la ciudadanía y se determina el proceso de transformación de los centros de atención presencial y de registro.

Además, se establecen dos nuevos supuestos en los que no será necesaria la exigencia de contar con tres presupuestos en los contratos menores para proporcionar respuestas más ágiles en la actuación de la Administración.

RESPUESTA SANITARIA RÁPIDA Y ADECUADA

La titular de Hacienda ha mantenido que la experiencia de esa crisis exige una respuesta rápida y adecuada a las necesidades extraordinarias de cada situación. De ahí que esta norma defina las competencias de este tipo de medidas: al Consejo de Gobierno le corresponderá acordar las respuestas a las cuestiones de carácter general y de intervención administrativa; y al titular de Sanidad, su desarrollo y las específicas de intervención de centros residenciales de mayores.

Asimismo, se regula con carácter específico la intervención sanitaria en estos centros residenciales y se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas preventivas u obligaciones en materia de salud e higiene motivadas por la crisis sanitaria.

Por último, Blanco-Morales ha asegurado que la nueva normalidad nos impone una realidad diferente, en la que debemos compatibilizar la actuación sanitaria preventiva con el acompañamiento, el impulso y la reactivación económica.