Acusan a la Junta de "autorizar la urbanización" sabiendo que "se construía en una ZEPA"

El Tribunal Supremo ha decidido aplazar su decisión sobre el derribo del complejo Isla Valdecañas a expensas de los recursos que le trasladen la Junta de Extremadura, las asociaciones de propietarios del complejo y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo. 

En pleno momento de debate, que vuelve a avivarse, desde FONDENEX lo ven “muy sencillo”, pues desde un principio “no se podía construir porque era una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), aunque la isla no tuviera ningún valor ecológico, pero sí el embalse de unas 7.500 hectáreas”.  

“El embalse recoge la mayor concentración invernal en España de cormorán grande, con unos 4.000 individuos, somormujos lavancos, garcetas comunes, garzas reales, cigüeñas negras, pagazas piconegras, charrancitos, etc.”, explican desde la asociación. “Son especies ligadas al embalse, pero en sus márgenes se reproducen y se alimentan aves tan escasas y valiosas como águilas imperiales, buitres negros, sisones, gangas y carracas”. 

En esta línea, apuntan que “la legislación de Extremadura, de España y de la UE, no solo protege los lugares de cría de estas aves, sino también sus áreas de campeo y alimentación, pues no pueden vivir si no comen, como cualquier ser vivo”. 

Por otro lado, expresan que “el problema de Valdecañas no es la isla y su urbanización, sino la invasión del embalse por visitantes, por sus márgenes y, sobre todo, la navegación. Si esta y el tránsito y tráfico por sus orillas no se permitiera, la urbanización tendría un impacto mínimo y con medidas correctoras de impacto lumínico y depuración de aguas completa, podría coexistir, pero hay una sentencia judicial firme”. 

En cuanto a la responsabilidad, indican que “la urbanización se autorizó a sabiendas de que se construía en una ZEPA, con lo cual, los culpables son los políticos de la Junta de Extremadura, desde el entonces presidente, Fernández Vara, hasta el director general de Medio Ambiente y los técnicos que avalaron el proyecto”, señalan y añaden que “los compradores de chalets y parcelas son inocentes porque les engañaron”. 

En conclusión, desde FONDENEX instan a que “el derribo de lo construido y la indemnización a los propietarios, que lo paguen quienes dieron la autorización y, basta ya de enredos jurídicos”.