La autopista Burgos - Armiñón queda libre para circular, tras 44 años de peajes

Este viernes, 30 de noviembre, ha finalizado el periodo concesional de la autopista AP-1, entre Burgos y la localidad alavesa de Armiñón, de 84 kilómetros de longitud.

La gestión de la autopista ha revertido a la Administración General del Estado y ha pasado a quedar libre de peaje, por lo que circular por ella ya no costará dinero desde el 1 de diciembre. Su gestión y conservación queda a cargo del Ministerio de Fomento.

El compromiso del Gobierno es que las concesiones cuyo plazo acabe en esta legislatura no se prorroguen ni se vuelvan a sacar a licitación. Las gestiones de las infraestructuras pasarán a manos de la Administración y dejarán de gestionarlas concesionarias privadas.

Se levantarán los peajes a medida que venzan las concesiones, como ya ha sucedido en la AP-1, y como está previsto suceda en la AP-7 (Tarragona-Alicante) y en la AP-4, de Sevilla-Cádiz, a partir del 31 de diciembre del próximo año.

La concesión para la construcción, conservación y explotación de la autopista AP-1 fue adjudicada en 1974, por lo que este 30 de noviembre de 2018, supone una fecha importante para esta infraestructura al haber finalizado, después de sucesivas prórrogas, 44 años de concesión, en los que los usuarios se han visto obligados al pago de un peaje por la utilización de la misma.

Es una fecha importante porque, por primera vez en la historia, un Gobierno de España da el paso y decide levantar los peajes al final del plazo de una concesión.

Con la finalización del periodo concesional, el Consejo de Ministros en su reunión de este viernes, ha aprobado un real decreto por el que queda traspasada a la comunidad autónoma del País Vasco la titularidad de la Autopista AP-1 libre de peaje en sus últimos seis kilómetros, en el límite entre las provincias de Burgos y Álava, en el punto kilométrico 77,200, y el final de la autopista en el enlace 7 de Armiñón, en el punto kilométrico 83,200.

Esta decisión va en paralelo con el real decreto aprobado también por el Consejo de Ministros que modifica el catálogo de la Red de Carreteras del Estado donde se refleja la efectividad de dicha transferencia.