Miembros de una misma familia investigados por el envenenamiento de aves rapaces protegidas

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Castuera y Agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura lograron esclarecer un delito contra la fauna, consistente en el envenenamiento de aves protegidas en la comarca pacense de La Serena,  con la implicación como presuntos autores de las acciones delictivas de dos vecinos de Cabeza del Buey.

El pasado mes de noviembre, Agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura, dentro de los servicios preventivos de protección del medio ambiente, flora y fauna, en una finca del término municipal de Cabeza del Buey, descubrieron el cadáver de un ave rapaz “Milano Real”, supuestamente envenenada por la ingestión de sustancias tóxicas.

Dado que el “Milano Real” (Milvus Milvus) se trata de una especie protegida y declarada en Extremadura según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, como “en Peligro de Extinción”, y que la zona donde fue hallada, se encuentra incluida en la Red Natura 2000, denominada ZEPA La Serena y Sierras Periféricas, tratándose de una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad y consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat y de Zonas de Especial protección para la Aves (ZEPA), se procedió a activar el programa denominado “ANTIDOTO”. 

Por componentes del SEPRONA y Agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura, acompañados de perros del citado organismo, adiestrados para la búsqueda y rastreo de cebos envenenados, junto con los propietarios y ahora investigados, se inspeccionó una explotación ganadera próxima al lugar donde fue hallado el ave muerta, encontrando los restos de otro ave rapaz calcinado, y en el interior de una nave, dos botes con 300 gramos de un granulado de color negro, sustancia fitosanitaria prohibida  que supuestamente utilizaban en la finca para deshacerse de las alimañas que perjudicaba a su ganado.

También en la inspección de la finca, se intervinieron una veintena de cepos tipo ballesta y una jaula trampa para la captura de animales salvajes (depredadores), abierta y preparada para ser utilizada.

Las muestras recogidas, fueron enviadas al Centro de Recuperación de la Junta de Extremadura de Sierra de Fuentes para su correspondiente análisis e informe toxicológico.

Desde este centro, se llevó a cabo una labor específica en análisis de muestras y cadáver, emitiendo informe en el que se determinó que la sustancia intervenida, era un potente plaguicida, prohibido en la Unión Europea por la Decisión 2003/199CE, constatando que los granos negros hallados en una de ellas y que había provocado su muerte, eran los mismos que los encontrados en los botes.

Con las pruebas, informe y desarrollo de la investigación concluyó con la incriminación de los responsables de la finca a los que se les instruyó diligencias como presuntos autores del envenenamiento de las aves. Personas que ahora se enfrenta a penas de hasta dos años de prisión.

Las diligencias fueron entregadas en los Juzgados de Instrucción de Castuera.