"No son okupas, son personas en apuros": Cáceres debate sobre el derecho a la vivienda

La Oficina de Derechos del Inquilinato (ODI) de Cáceres ha acusado al Ayuntamiento de utilizar el término “inquiokupación” de forma irresponsable y con fines políticos.

Según esta organización, la supuesta oleada de inquilinos que no pagan el alquiler es “un bulo” que pretende criminalizar a personas vulnerables y desviar la atención de los verdaderos problemas estructurales en materia de vivienda.

Ángel Andreo, coordinador del equipo jurídico de la ODI, asegura que solo se registran entre 4 y 5 casos de impago de alquiler en la ciudad, y que en su mayoría están relacionados con situaciones sobrevenidas, como enfermedades o pérdida de empleo. “No son okupas, son personas en apuros”, recalca.

Desde la oficina recuerdan que existen mecanismos legales para proteger a los propietarios, como el fondo autonómico de compensación por impago del alquiler, que cubre la deuda cuando un inquilino no puede pagar. Por eso, exigen al alcalde y al PP que hagan públicos los datos de personas acogidas a este fondo durante 2024.

Pedro Cordero, responsable de acción social, añade que las familias que acuden a la oficina “están con el agua al cuello”, destinan hasta el 65% de sus ingresos al alquiler y apenas llegan a fin de mes. “El Ayuntamiento debería escuchar y ayudar, no atacar ni generar miedo”, denuncia.

La ODI califica el discurso del concejal Tirso Leal como un ataque a la ciudadanía y pide que se abandonen las “batallitas políticas” para centrarse en soluciones reales. También apuntan al papel de bancos y especuladores en la creación del término “inquiokupa”, que, aseguran, “solo busca justificar abusos y aumentar beneficios”.