Los hechos se remontan a marzo de 2020 cuando M.R.L. abatió con un disparo de escopeta un lince ibérico, de nombre Querubin en la finca de su propiedad, situada en la cara norte de la Sierra de La Ortiga, en Don Benito.
Se trataba de un lince joven que había sido introducido en la zona junto con otros ejemplares y que había desaparecido recientemente del control por cámaras de campo que habían sido instaladas dentro del programa de la Junta de Extremadura, Consejería de medio Ambiente y Sostenibilidad, Dirección General de Sostenibilidad para la recuperación del Lince ibérico en Extremadura.
En concreto, habían desaparecido de ese control dos especímenes jóvenes de lince macho y hembra (Quitapón y Querubín), por lo que esta circunstancia se puso en conocimiento del SEPRONA, cuerpo policial que montó una operativa para el rastreo y búsqueda de los animales, denominada Operación Caracal.
El operativo, formado por nueve agentes y un perro de rastreo, se centró en la finca que fue propiedad del acusado M. R. L., donde los agentes mantuvieron una entrevista con el otro acusado, D. J.J. G. M., trabajador del primero. Este les reconoce, con gran nerviosismo, que fue su jefe quien, días antes y cuando estaba cazando el perdigón en un puesto del coto que él mismo había preparado y al que le había llevado y recogido, había abatido un lince que se había abalanzado sobre su perdigón de reclamo que estaba enjaulado. En ese momento, M. R. L. le ordenó que lo recogiera del lugar y lo enterrara fuera de la linde de la finca, como así hizo a pesar de conocer la ilicitud de los hechos.
Hay que destacar que el animal abatido tenía alojados en su cuerpo, según la autopsia, un total de 80 perdigones de calibre del 8, por lo que se puede concluir que el tiro fue certero e intencionado y que es imposible que el cazador hubiera confundido el lince abatido con otro animal, además de que se da la circunstancia de que el autor del disparo había manifestado públicamente que consideraba al lince una alimaña dañina y que, si los animales interferían en sus intereses para su finca, los mataría.
Ecologistas en Acción de Extremadura considera, además, que concurre en el delito la agravante de que el animal fue abatido en un espacio natural protegido al pertenecer la finca a la Zona de Especial Conservación (ZEC) “Río Ortiga”.
Por todo ello, la asociación ha solicitado para M. R. L. la pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la caza por tiempo de 7 años e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena como autor de la muerte de un Lince Ibérico. También solicita para D. J.J. G. M. la pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena como encubridor.
Igualmente, solicitan que el Acusado indemnice a la Junta de Extremadura con casi 115.000 euros, importe en el que los peritos han valorado los gastos de reintroducción del lince abatido.
Ecologistas en Acción de Extremadura agradece al SEPRONA el magnífico trabajo de investigación que permitió hallar el cuerpo del Lince abatido y al autor del disparo que acabó con su vida.