PP sobre la sequía: “La Junta no puede ponerse de perfil”

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Cristina Teniente, ha puesto en valor el trabajo que vienen realizando los grupos de la oposición del Parlamento y la sociedad civil extremeña para conseguir rectificar la ley de Cámaras de Comercio en lo que ha calificado como una propuesta conjunta “histórica”.

Asimismo, Teniente ha subrayado que todo hace vislumbrar que se conseguirá, además de un acuerdo histórico, el logro de haber llevado a reflexionar al gobierno de la Junta sobre lo que fue un atropello sin precedentes. 

Cristina Teniente ha señalado que el debate, el próximo jueves, de esta propuesta de ley conjunta que tenía como objetivo parar la intervención de la Junta en el proceso de elección de las Cámaras, viene precedido de una labor intensa en la que los grupos de la oposición han recibido el aliento de las asociaciones empresariales y de autónomos.

Así, Teniente ha valorado la “altura de miras” con la que se ha llegado “a un punto de encuentro” en asuntos que tienen mucha trascendencia, porque se trata de regular la representación del tejido empresarial. 

RETO DEMOGRÁFICO

Sobre la propuesta de ley de Reto Demográfico, que también será debatida en el próximo pleno, la portavoz ha insistido en que los ‘populares’ van a seguir negociando hasta el último momento, y es que aún quedan vivas 21 enmiendas del GPP sobre una ley que ha llevado muchos meses de trabajo.

Teniente ha asegurado que “vamos a pelear” hasta el último minuto previo al debate para que la norma no sea sólo una declaración de intenciones o una foto, sino que realmente contenga “medidas de impacto” para combatir la despoblación.

Teniente ha insistido en que el vacío demográfico que está experimentando Extremadura es una losa que obliga a adoptar medidas de alcance, medidas como una fiscalidad rural que se está poniendo en marcha en otras comunidades y “no podemos quedarnos atrás”.

Hay que destrabar, desregular, acabar con trabas administrativas, ambientales y burocráticas que paralizan la inversión y la actividad empresarial. Asimismo, Teniente se ha referido a la importancia de contar con un régimen fiscal especial, que tiene que ser la reivindicación de toda Extremadura y una voz única que llevar al Gobierno.

SEQUÍA, RECORTES EN EDUCACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA

En el turno de preguntas de control el Grupo Popular exigirá explicaciones sobre el motivo del cierre del CEIP Juan XXIII de Mérida, un cierre que, como ha señalado Teniente, representa un fracaso en las políticas educativas de la Junta y que es también un “recorte”.

La portavoz ha insistido en que no se puede despachar una problemática “mirando para otro lado” y optando por la solución más fácil, que es un “cerrojazo” a un colegio sin dar explicaciones a los padres, a los profesores o a los sindicatos. “Estos procesos no pueden llevarse así porque en medio están personas”, ha aseverado.

Por otra parte, el GPP preguntará a la Junta sobre las actuaciones a acometer para paliar los efectos de la sequía, un problema que se está agravando día a día y para el que tiene que tomar conciencia el gobierno.

“La Junta no puede ponerse de perfil”, ha subrayado Teniente. Para los ‘populares’, el Ejecutivo regional tiene competencias y recursos, y no puede dejar solos a los agricultores y ganaderos ante un problema monumental, con pérdidas millonarias, mientras su gobierno no se decide ni a convocar a la Mesa de la Sequía.

Los ‘populares’ han pedido también la comparecencia del consejero de Sanidad para que atienda las reivindicaciones de los sanitarios del SES.

Para el Grupo Popular, la situación de saturación tanto en atención primaria como en los hospitales obliga a tomar medidas. Teniente ha recordado que Vergeles es responsable de una política de recursos humanos “caótica”, y continúan las constantes reivindicaciones de médicos, enfermeros UCI y personal de distintos colectivos afectados por esta situación.

Por último, y a modo de propuesta de impulso, el Grupo Popular llevará al pleno de la Asamblea la reivindicación del sector del comercio turístico encargado de la venta de artesanía y artículos de souvenir.

La portavoz del GPP ha insistido en que “no es un tema menor” porque hay 400 familias que dependen de esta actividad en Extremadura. Estos profesionales quieren que su actividad se clasifique en el CNAE, porque, de lo contrario, se imposibilita su acceso a ayudas de las que han quedado fuera mientras tenían que soportar muchas restricciones o la bajada de la actividad por la pandemia.

“No podemos permitir que ni una sola familia de comerciantes se vea desamparada por la Junta”, ha señalado.