SATSE reclama más fisioterapeutas en la sanidad pública

Con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia, este 8 de septiembre, el Sindicato de Enfermería (SATSE), ha advertido de “el importante déficit de fisioterapeutas que sufre la sanidad pública”. Algo que “provoca esperas de semanas y meses, posibles empeoramientos de los problemas de salud y elevados costes económicos”.

Ante la celebración de este día, desde el sindicato consideran que “es una oportunidad para seguir reivindicando un número adecuado de fisioterapeutas en todos los servicios de salud. Se trata de un grave problema ante el que las distintas administraciones sanitarias no están destinando los medios y recursos necesarios”.

Debido a la insuficiencia de medios, denuncian que esta situación provoca largas de espera de semanas, e incluso meses, personas tengan que esperar semanas e, incluso, meses, para ser atendidas. Estos hechos pueden “conllevar el empeoramiento de su estado de salud. También hay que tener en cuenta que, cuanto más se tarda en atender a una persona, más crónico puede llegar a ser su problema y más tratamientos y cuidados serán necesarios para facilitar su reinserción social plena”.

Por ello, desde SATSE reclaman que “todas las Consejerías de Sanidad aumenten las plantillas de fisioterapeutas en los hospitales y, especialmente, en los centros de salud, ya que en muchos de ellos no hay fisioterapeutas o sólo hay uno para atender a miles de personas”.

LA SANIDAD PRIVADA COMO SALIDA

Ante la escasez de medios públicos, la ciudadanía recurre a la sanidad privada, teniendo que afrontar altos costes económicos que podrían oscilar, según el sindicato, “entre 400 y 600 euros en 10 sesiones”. “Cifras que suelen ser mayores porque, en muchas ocasiones, se requieren más sesiones de las que se dan inicialmente”, indican.

DEMANDAS HISTÓRICAS

La organización reclama que “los fisioterapeutas logren una clasificación profesional justa dentro de la Administración Pública”. Actualmente están incluidos en el subgrupo A2, por lo que “se ven discriminados y sin posibilidades de tener el reconocimiento salarial y desarrollo profesional que les corresponde en base a su formación de grado universitario”.