Subvenciones para contratar jóvenes que han tenido problemas con la justicia

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regulan las subvenciones para la incorporación social y laboral de menores y jóvenes que estén cumpliendo o hayan cumplido medidas judiciales, de conformidad con la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. 

Al mismo tiempo, se autoriza la convocatoria de estas ayudas por importe de 220.000 euros y una financiación del 85 por ciento con cargo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+). 

De acuerdo con lo establecido en el decreto, se considera gasto subvencionable el salario de la persona menor o joven que sea objeto de la contratación realizada a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del ejercicio al que se refiera la convocatoria. La cuantía de las ayudas vendrá fijada por el Salario Mínimo Interprofesional Bruto vigente en el año de la convocatoria. 

La finalidad de estas ayudas es mejorar el grado de empleabilidad de menores y jóvenes en riesgo de exclusión social y proporcionarles una atención integral y personalizada, tendente a cubrir sus necesidades, conseguir su bienestar y desarrollar el máximo potencial evolutivo individual en sus diferentes aspectos. 

Las carencias educativas, formativas, familiares o sociales de las que adolecen muchos de estos menores y jóvenes suponen para ellos un gran obstáculo que dificulta su integración social y laboral.  

Por este motivo, surge la necesidad de arbitrar un sistema de ayudas dirigidas a favorecer su integración social y laboral adecuada de modo que se conviertan en personas activas y participativas.