UGT: “La Legislatura - Monago deja menos servicios y derechos y más paro y deuda”

Remigio Martínez, secretario General de la Federación de Servicios Públicos de Extremadura (FSP-UGT Extremadura)  ha presentado un informe que recoge la evolución de los servicios públicos entre los años 2011-2015 en la comunidad. El documento muestra datos sobre empleo, presupuestos e inversión en el sector.

“(2011-2015) Menos Servicios Públicos, Menos derechos, Menos Empleo, Más Deuda” es el título y la conclusión principal del estudio, realizado a partir de datos y estadísticas oficiales.

“Esta ha sido”, en palabras de Martínez, “una legislatura inédita desde el punto de vista de las relaciones laborales y de la negociación. El Gobierno ha tomado medidas que han perjudicado a un gran número de trabajadores y ciudadanos extremeños y no ha consultado a los agentes sociales, actuando en la mayoría de ocasiones a través del decretazo”.

Remigio Martínez ha señalado que los tres objetivos fundamentales del Gobierno desde su toma de posesión han sido “reducir los servicios públicos, su extensión, su cobertura y su calidad; drástica minoración de las administraciones públicas; y la supresión de empleados públicos, de sus derechos y condiciones laborales”.

MÁS PARO

La destrucción de empleo público en Extremadura ha tenido lugar en todos los ámbitos. Por sectores:

Sanidad: 600 empleos perdidos

Autonómica: 2.153 empleos perdidos

Administración local: 5.716 empleos perdidos

AGE: 361 empleos perdidos

Correos: 301 empleos perdidos

El secretario General de FSP-UGT Extremadura ha señalado como “particularmente grave” la “política privatizadora del Gobierno, que ha gastado 451.848.617 euros en la externalización de servicios públicos, materializada en 13.254 contratos alegales"… "El Gobierno extremeño reparte así el dinero de todos según su criterio, sentando las bases de un nuevo sistema y sin contar con la colaboración de nadie", ha señalado Remigio.

AUMENTO DE DEUDA PÚBLICA

Como se puede constatar la Deuda Pública en Extremadura ha aumentado significativamente (289.337.932 euros) a pesar de los recortes en el tiempo, “lo que nos lleva a la conclusión de que no es un problema de Servicios Públicos sino de una deficiencia en la gestión y en el Modelo Económico”.