USO denuncia que los políticos "se vuelven a olvidar de la clase trabajadora"

El sindicato USO ha denunciado que "nuestros gobernantes vuelven a olvidarse de la clase trabajadora de nuestra región tras el anuncio de la retirada de los presupuestos de la Junta y la incapacidad que demuestran para llegar a acuerdos, generando incertidumbre al no contener los presupuestos prorrogados de 2024 las partidas presupuestarias necesaria para hacer frente a actuaciones necesarias que consideramos urgentes". 

Por ello, indican que "ahora más que nunca, necesitamos respuestas y medidas valientes por parte del Gobierno Autonómico y de los grupos políticos de la Asamblea para aclarar esta incertidumbre y contribuir a la mejora de las condiciones laborales y retributivas del conjunto de las personas trabajadoras de nuestra región". 

Ante el requerimiento de la puesta en marcha de determinadas medidas que contribuyan a mejorar las condiciones económicas de numerosos colectivos, "han hecho oídos sordos, perpetuando la hoja de ruta instaurada por los anteriores Gobiernos de nuestra región y que impiden que consigamos salir del vagón de cola a nivel nacional en cuanto a condiciones laborales".  

La prórroga de los presupuestos de 2024 supone la suspensión de avances necesarios, como:  

• La devolución del 2% correspondiente a la subida salarial de 2020, comprometida pero no ejecutada.  

• La actualización de complementos por nocturnidad, turnicidad, domingos y festivos, que reconocen el esfuerzo de quienes trabajan en las condiciones más exigentes.  

• La falta de claridad sobre las partidas necesarias para garantizar la continuidad de servicios fundamentales, como las aulas experimentales 1-2 y los puestos de Técnicos en Educación Infantil (TEI), que afectan directamente al sistema educativo y al bienestar de nuestros niños. 

En concreto, desde USO "se han pedido mejoras laborales para las personas que trabajan en empresas que han resultado adjudicatarias de servicios públicos a través de concesiones públicas, como pueden ser las de vigilancia de seguridad o transporte sanitario, entre otras, ya que los pliegos de condiciones de concesión del servicio pueden recoger mejoras laborales y retributivas, las cuales consideramos conveniente recoger y que no implicarían un incremento de gasto en las arcas públicas".  

Con respecto a empleados públicos, desde USO han pedido "la equiparación retributiva y laborales entre las Administraciones de nuestra región". En esta línea, Luis Gil informa que "a día de hoy podemos encontrarnos con ejemplo como que un administrativo que trabaje en la Diputación de Cáceres tiene unas retribuciones brutas anuales superiores en 6.918 euros que en la administración general de la Junta de Extremadura. Otro ejemplo es que un bombero forestal del INFOEX percibe unas retribuciones inferiores en 4.700 euros anuales que en el INFOCA".  

"Las retribuciones del personal de la Junta llevan décadas sin revisarse, quedando ancladas en el siglo XX, mientras las funciones que desempeñamos responden a las necesidades y demandas de una Administración del siglo XXI". Así, señalan que "esta inacción sindical, sumada a la falta de prioridad de la Junta de Extremadura, ha permitido diferencias salariales intolerables entre sus trabajadores y los de otras administraciones públicas en la región, que oscilan entre 3.000 y 12.000 euros anuales". 

Por la estabilidad de los Técnicos de Educación Infantil  

Otro asunto de gran importancia es el despido de 227 personas contratadas de manera temporal como Técnicos en Educación Infantil. "Desde el pasado mes de noviembre, el Gobierno está enviando mensajes contradictorios sobre la continuidad de estas personas en sus puestos de trabajo, informando en su día de la creación de estas plazas al considerar que las funciones que están desarrollando son permanentes".  

Por este motivo, desde USO han solicitado "en varias ocasiones que se regularice la situación de estas personas, transformando sus contratos en indefinidos y permaneciendo en sus puestos hasta la cobertura reglamentaria del mismo a través de una convocatoria pública".  

Nuevo proceso de estabilización  

Desde el sindicato han denunciado que "el Gobierno Autonómico no ha cumplido con la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad, pues no ha cumplido con el plazo máximo para su finalización, que era el 31 de diciembre de 2024, ni cumplirá con la tasa de temporalidad máxima del 8 %".  

"Sería necesario la convocatoria de un nuevo proceso extraordinario de estabilización donde se reconozca la dedicación de nuestros compañeros y compañeras que llevan décadas desempeñando sus funciones y sufriendo el incumplimiento de la Junta en las convocatorias de oposiciones", han apuntado.  

"No han podido planificar su futuro por la inacción de la Junta, han ocupado los puestos más precarios de las administraciones, han tenido que pelear en los tribunales la igualdad de derechos con respecto a sus compañeros fijos y, nuevamente, la administración los vuelve a maltratar expulsándoles de sus puestos de trabajo por intereses políticos y no convocando unos procesos de estabilización justos", han apostillado.  

Una llamada a la responsabilidad política  

Desde USO instan "al Gobierno regional y a los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura a que trabajen con altura de miras, priorizando los problemas reales de nuestra sociedad. No podemos permitir que la falta de consenso político continúe perjudicando a los trabajadores, ni a los ciudadanos que dependen de unos servicios públicos de calidad".  

Con todo esto, exigen "a los grupos políticos de la Asamblea que se centren en los problemas de nuestra sociedad, que prioricen la resolución de los mismos a los intereses políticos de cada uno de ellos. También que respondan a las necesidades de los ciudadanos para poder contribuir a la prestación de unos servicios públicos más eficientes y que podamos abandonar en triste honor de ser una de las regiones con peores condiciones laborales".