UpE exige a la Junta acabar con la externalización de los informativos de Canal Extremadura

Unidas por Extremadura ha denunciado las malas condiciones laborales a las que se ven sometidos los trabajadores de empresas subcontratas de Canal Extremadura como CBM.

De esta forma, el diputado de esta formación, Álvaro Jaén, denuncia que la “empresa CBM perteneciente al grupo SECUOYA, que tiene contratos en vigor suscritos con la Junta de Extremadura, cuenta con un historial dilatado de denuncias en materia laboral en Andalucía”, señalando que “esta empresa arrastra en sus espaldas denuncias por falta de indemnizaciones”.

Además, en muchas ocasiones los trabajadores se ven imposibilitados para cobrar prestaciones por desempleo, ya que CBM daba de baja a sus trabajadores con un expediente que no correspondía con el real, negándose a cambiarlo e impidiendo así el cobro de prestaciones por desempleo a los trabajadores, añaden desde UpE.

Por ello, Jaén recalca que “CBM cuenta igualmente con denuncias ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Junta de Andalucía por despidos improcedentes e incluso nulos por tratarse de una trabajadora en reducción de cuidado de hijos”.

En cuanto a sus prácticas en Extremadura, Jaén denuncia que la empresa deniega a sus trabajadores “la ampliación de protocolos para el escenario COVID; solicitudes de conciliación, de adaptación de jornada por maternidad; el derecho a los permisos de formación; o arrastra denuncias sobre insuficientes medidas de prevención y seguridad por la COVID, como el desabastecimiento de EPIs; la implantación de nuevas herramientas de trabajo sin la formación correspondiente; o que sus trabajadores se vean obligados a realizar funciones de otras categorías laborales sin remuneración.”

Además, Jaén recuerda que “Comisiones Obreras, a través de su Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente, se ha dirigido directamente al Consejo de administración de Canal Extremadura en febrero de este mismo año, hace apenas un mes, denunciando esta situación”.

Por todo ello, desde Unidas por Extremadura exigen a la Junta de Extremadura, en primer lugar “que respete el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que dice claramente que es la propia administración quien deberá ‘vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales’”. Por ello, exigen responsabilidades a la Junta de Extremadura, que es quien otorga la concesión a estas subcontratas.

Por otro lado, desde la formación apuestan por acabar con estas subcontratas, tal y como Comisiones Obreras ha reiterado en varias ocasiones, “ya que privatización y precariedad van de la mano”, destaca Álvaro Jaén. Por ello, piden que cuando acabe la licitación en agosto, que además denuncia el diputado que “el nuevo pliego además no ha pasado ni por el consejo de Administración de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales”, se apueste por la internalización de estos trabajadores, tal y cómo ha propuesto Comisiones Obreras, que cómo ha advertido “con el dinero invertido en esta privatización se crearían más de 30 puestos de trabajo directos y se abriría la posibilidad de traslados y promociones”.